Los menores protagonizaron más de un centenar de casos de violencia doméstica en Euskadi en 2010

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El fiscal jefe del TSJPV, Juan Calparsoro, ha mostrado su “preocupación” por la violencia ejercida por este colectivo   

29.06.11 - 16:04 - VASCO PRESS | BILBAO http/www.elcorreo.com/vizcaya Menores del País Vasco protagonizaron el pasado año un total de 113 delitos por violencia doméstica. Por territorios, en Bizkaia se contabilizaron 52 delitos, en Gipuzkoa 51 y en Álava 10, según se desprende de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2010. La reciente detención de un joven de 17 años por haber asesinado presuntamente a su madre y a su hermano deficiente en la localidad vizcaína de Portugalete, justo un día antes de cumplir la mayoría de edad, ha conmocionado a la sociedad vasca. No obstante, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, ya mostró durante la presentación de la memoria de la Fiscalía su “preocupación” por la violencia ejercida por los menores hacia sus familiares ya que se registraron hasta 113 causas por delitos de violencia doméstica y 7 por maltratar a sus parejas. De hecho, la Fiscalía de Bizkaia contabilizó 52 expedientes por violencia doméstica y en 4 casos se acordó el alejamiento respecto de la madre. En el año 2009 se habían registrado hasta 86 delitos de este tipo y un año antes otros 67. 

Los menores de Bizkaia protagonizaron además una decena de agresiones sexuales, diez abusos sexuales, un homicidio, 180 robos con fuerza y 163 robos con violencia o intimidación, entre otros delitos. En Gipuzkoa los delitos por violencia doméstica ejercicios por menores de edad ascendieron a 51. Se registraron además otros tres casos de violencia de género, cuatro agresiones sexuales, cinco abusos de carácter sexual y un caso de homicidio. Los delitos más numerosos llevados a cabo por los menores fueron los hurtos (215), seguidos de las lesiones (175). En Alava, los menores protagonizaron 10 delitos de violencia doméstica. Asimismo, se registraron cinco casos de agresiones sexuales y dos de abusos sexuales. En este territorio, los robos con fuerza (32) fueron los más llamativos, seguido de los robos con violencia o intimidación (26) y las lesiones (22). Dificultades 

Según destaca la Fiscalía de Gipuzkoa en la Memoria de 2010, los delitos domésticos corresponden a “la incapacidad por parte de los padres, de poner límites a sus hijos, o de los casos en que éstos últimos, sencillamente, los infringen”. “Como consecuencia de ello, existen serios problemas de convivencia familiar, que llevan a que sean los propios padres quienes demandan que sus hijos sean apartados del domicilio”, se explica en la memoria. No obstante, se advierte de que desde el punto de vista jurídico-penal, esto no es siempre posible, ya que el tipo de infracción cometido no permite la imposición de una medida de internamiento. “Es necesario, en estos casos, acudir a los servicios de protección de menores, que serán quienes deberán adoptar las medidas oportunas en relación con la situación familiar”, se señala. A ello se añade que el interés del menor hace que “lo conveniente no sea alejarlo del núcleo familiar, sino que, en caso de ser necesaria una intervención para separarle y evitar la convivencia, ello sólo tiene sentido durante muy poco tiempo y de forma no irreversible”. “El objetivo final y fundamental es conseguir que la relación familiar se normalice, que la convivencia del menor en el seno familiar sea adecuada, y que se establezcan formas de relación y solución de conflictos de forma dialogada y pacífica. Todo ello, evidentemente, con un contenido protector del menor”, se advierte.  Para la Fiscalía de Gipuzkoa, existe una problemática a la hora de encontrar una solución satisfactoria a este tipo de conductas, solución en la que a su juicio, deben implicarse, de forma muy activa y siempre con la intervención de profesionales, no sólo el menor, sino también la familia.  La Fiscalía de Bizkaia, por su parte, reconoce que el internamiento, en sus diferentes regímenes, en la mayoría de los supuestos “resulta desproporcionado y crea en el menor un sentimiento de rechazo incompatible con el espíritu educativo de la norma”. A su juicio, esta medida sigue planteando grandes dificultades al interesarse la misma, dado que Departamento del Gobierno vasco de ejecución de medidas “sigue considerando que algunos centros de reforma reúnen las condiciones necesarias para llevar a cabo en los mismos la convivencia y si se solicita la misma en cautelar o medida definitiva y el juez la acuerda, se designa un centro de reforma para su cumplimiento, si bien permanecen en el un período muy corto siendo trasladados después a pisos en que reúnen las características propias de un sistema totalmente abierto”. Según se advierte, desde la Fiscalía se ha recurrido en dos ocasiones, estando pendiente la Audiencia Provincial de resolver los correspondientes recursos de apelación

Las órdenes de internamiento a menores aumentan un 125% en dos años

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El Gobierno vasco invierte 15,5 millones de euros en este materia, un 46% más        

El Correo. 20.06.11 - 19:14 –  Las órdenes judiciales firmes de internamiento contra menores de edad que cometen infracciones aumentaron el 125% durante los dos últimos años al pasar de 93 en el año 2008 a un total de 209 al cierre de 2010. Este incremento obligará al Gobierno vasco a invertir un 46% en esta materia hasta alcanzar un presupuesto de 15,5 millones de euros.  La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, facilitó hoy estos datos ante la Comisión de Instituciones, Interior y Justicia del Parlamento Vasco durante su comparecencia para informar sobre el Plan de Justicia Juvenil 2008-2012. Este plan, aprobado en noviembre de 2008, recoge las políticas y programas para satisfacer las resoluciones judiciales por infracciones de menores.  Estas políticas y programas persiguen prevenir y reducir las infracciones realizadas por menores y dar una respuesta ágil e idónea cuando las infracciones son una realidad a través de medidas que combinan sanción y educación. Mejorar la calidad y eficiencia de la respuesta institucional, garantizar la ejecución de todas las resoluciones de los Juzgados de Menores de Euskadi y favorecer la inserción social de los infractores son otros objetivos. El balance de las medidas cautelares y firmes dictadas contra menores infractores revela un aumento de más del 25% de las mismas. Y entre todas destaca el crecimiento de las órdenes de internamiento que suponen una privación de la libertad de los menores infractores tanto de carácter cautelar (55% al pasar de 38 en 2008 a 59 en 2010) como firmes (+125% al pasar de 93 en 2008 a 209 en 2010)   

Mendia explicó que el crecimiento de las medidas impuestas en estos tres años y la naturaleza de las mismas –cumplimiento en centros educativos de justicia juvenil– están obligando a un importante esfuerzo económico, de medios humanos y materiales. Un dato: el número de plazas en centros educativos de justicia juvenil será al final de este año de 123 frente a las 88 que existían en 2008. “Ese incremento del 39,77% es necesario para atender el aumento de demandas de internamiento registrado desde el pasado año”, señaló. Asimismo, precisó la consejera de Justicia, el cumplimiento de medidas en medio abierto (tratamientos ambulatorios, libertad vigilada, tareas socio-educativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, etc.) son satisfechas también por el Gobierno vasco a través de tres centros de día (uno en cada provincia) con un total de 36 plazas. La mejora de medios materiales y humanos con el fin de responder de manera eficaz a la reeducación de las personas menores y al incremento de las medidas juveniles impuestas por los jueces hace necesario más inversión. El presupuesto de este año del Gobierno del PSE asciende a 15′5 millones de euros, lo que representa un 46% que los 10,6 millones que fueron invertidos el año pasado.  De esta cantidad, 12,2 millones de euros se destinan a la gestión de los centros de menores; 2,1 millones al cumplimiento de las medidas no privativas de libertad; y 1,2 millones al mantenimiento y seguridad en los centros educativos de Justicia Juvenil. “Vamos a seguir por ese camino: inversión, formación, coordinación institucional y todos los esfuerzos necesarios, dentro de las restricciones presupuestarias que tenemos, para que seamos capaces de que aquel menor que un día cruzó la línea roja, cuando cumpla la medida impuesta, tenga la preparación para desenvolverse en sociedad”, ha dicho.  Para la consejera ningún menor debe ser “invisible o quedar en la cuneta social porque no supimos desde las instituciones dar la respuesta adecuada en el momento oportuno”.    

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